Represión policial y militar
Activismo ciudadano por la libertad de Venezuela
Activismo ciudadano por la libertad de Venezuela
Creado por: Eruby Villamarín Páez
La represión policial y militar a los opositores, disidentes y ciudadanos, es un hecho cotidiano en Venezuela, en el actual régimen. Brutalidad policial, detenciones arbitrarias, presos políticos, violación al debido proceso, torturas, ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas, están a la orden del día, son delitos ejecutados por cuerpos policiales como el:
Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC)
Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN)
Fuerza de Acciones Especiales de la Policía Nacional Bolivariana de Venezuela (FAES)
Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM)
Guardia Nacional Bolivariana (GNB)
“colectivos” de civiles armados por el gobierno, “guardianes de la revolución”
milicia armada... Sin que las “instituciones”, como la Defensoría del Pueblo, hagan ningún esfuerzo para evitarlo, dándole vigencia tacita a la criminalización de la oposición política, la disidencia y la protesta ciudadana.
Esta represión cuenta con el apoyo del gobierno cubano, formalmente establecido a través de pactos oficiales, para controlar la oposición y disidencia política, especialmente en la Fuerza Armada, no es casualidad que hoy, más de 125 militares venezolanos, estén presos por, "traición de la Patria", "instigación a la rebelión" y "contra el decoro militar".
La vulneración de los Derechos Humanos, sociales, políticos y económicos de los venezolanos, los presos políticos, la violación de la libertad de expresión y ahora, la violación de la libertad de tránsito –los venezolanos migrantes que regresan a Venezuela, son perseguidos por ser “ilegales”– son espacios donde la represión policial y militar del gobierno de Nicolás Maduro Moros, son sistémicos –propios de las tiranías comunistas/socialistas– y sistemáticos –se aplican con plan y metodología– y ningún opositor está exento de sufrir una detención arbitraria, como ocurrió con el Dr. Enrique Aristiguieta Gramcko de 84 años de edad, abogado y político de larga trayectoria, miembro de la Junta Patriótica que derrocó al dictador Pérez Jiménez en el año 1958. O a una familia completa, padre, madre, -octogenarios ambos- hermana, cuñado y sobrino, -ocho años de edad- del capitán Anyelo Heredia, para forzar su entrega después de haberse fugado de una prisión injusta de dos años, sin juicio. Puedo nombrar a muchos más venezolanos víctimas de la represión del régimen chavomadurista, lo haré más adelante…
Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC)
Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN)
Fuerza de Acciones Especiales de la Policía Nacional Bolivariana de Venezuela (FAES)
Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM)
Guardia Nacional Bolivariana (GNB)
“colectivos” de civiles armados por el gobierno, “guardianes de la revolución”
milicia armada... Sin que las “instituciones”, como la Defensoría del Pueblo, hagan ningún esfuerzo para evitarlo, dándole vigencia tacita a la criminalización de la oposición política, la disidencia y la protesta ciudadana.
Esta represión cuenta con el apoyo del gobierno cubano, formalmente establecido a través de pactos oficiales, para controlar la oposición y disidencia política, especialmente en la Fuerza Armada, no es casualidad que hoy, más de 125 militares venezolanos, estén presos por, "traición de la Patria", "instigación a la rebelión" y "contra el decoro militar".
La vulneración de los Derechos Humanos, sociales, políticos y económicos de los venezolanos, los presos políticos, la violación de la libertad de expresión y ahora, la violación de la libertad de tránsito –los venezolanos migrantes que regresan a Venezuela, son perseguidos por ser “ilegales”– son espacios donde la represión policial y militar del gobierno de Nicolás Maduro Moros, son sistémicos –propios de las tiranías comunistas/socialistas– y sistemáticos –se aplican con plan y metodología– y ningún opositor está exento de sufrir una detención arbitraria, como ocurrió con el Dr. Enrique Aristiguieta Gramcko de 84 años de edad, abogado y político de larga trayectoria, miembro de la Junta Patriótica que derrocó al dictador Pérez Jiménez en el año 1958. O a una familia completa, padre, madre, -octogenarios ambos- hermana, cuñado y sobrino, -ocho años de edad- del capitán Anyelo Heredia, para forzar su entrega después de haberse fugado de una prisión injusta de dos años, sin juicio. Puedo nombrar a muchos más venezolanos víctimas de la represión del régimen chavomadurista, lo haré más adelante…
Derechos Humanos
Lo más evidente en Venezuela sobre los Derechos Humanos, –esos que aparecen en la Declaración Universal de los Derechos Humanos– es que no existen, no se respetan, se violan, como “política” de estado, con órdenes directas de Nicolás Maduro Moros, públicas y en cadena nacional por medios de comunicación masiva. El primer derecho violado a los venezolanos, es el derecho a la vida, violado de todas las maneras posibles por el "gobierno". El régimen de Nicolás Maduro tiene cuerpos policiales dedicados a perseguir y reprimir la oposición política a su gobierno, como política pública de “seguridad”. La protesta ciudadana por los insoportables problemas como la falta de alimentos, medicinas, energía eléctrica, agua, gas doméstico, gasolina, empleo, bajos salarios, es fuertemente reprimida y castigada. En Venezuela no se persigue y encarcela a los delincuentes que roban, asesinan y secuestran a ciudadanos indefensos, por lo contrario, se libera a peligrosos hampones para que “defiendan la revolución”, como hizo la exministra Iris Varela en el mes de abril 2020, que liberó a 504 peligrosos delincuentes, o como viene haciendo hace años, con la patraña “plan cayapa”, inventado por ella, que ha puesto en la calle a cientos de criminales con delitos como secuestro y narcotráfico, y también hay “fugados” peligrosos elementos, en esa cuenta. En Venezuela, los únicos “delitos” que persigue y castiga el gobierno de Nicolás Maduro, es la oposición y disidencia política, y la protesta ciudadana. Hay cientos de presos políticos en cárceles, en las peores condiciones de reclusión, a los que se les niega la comida, el agua, la higiene, la salud, los medicamentos, el sol y el contacto con sus familiares, quienes pasan meses sin poder visitarlos, de esto comentaremos con más detalles, en el próximo tema…
Esto reporta la página web news.un.org, órgano informativo de la Organización de Naciones Unidas ONU, sobre el reciente informe presentado por la misión especial para investigar las violaciones a los Derechos Humanos en Venezuela:
El Gobierno de Venezuela y las fuerzas de seguridad cometieron “crímenes de lesa humanidad”
La Misión Internacional Independiente sobre Venezuela reportó que el Gobierno y las fuerzas de seguridad del país han cometido crímenes de lesa humanidad.
La investigación encontró motivos razonables para creer que desde 2014 las autoridades y las fuerzas de seguridad venezolanas han planificado y ejecutado graves violaciones a los derechos humanos, algunas de las cuales – incluidas las ejecuciones arbitrarias y el uso sistemático de la tortura – constituirían crímenes de lesa humanidad.
La Misión Internacional, establecida por el Consejo de Derechos Humanos, investigó 223 casos, 48 de los cuales se examinaron en profundidad en un informe de 443 páginas. Los investigadores no pudieron visitar Venezuela debido a que el Gobierno no respondió a las reiteradas solicitudes, pero hicieron 274 entrevistas a distancia.
Estos crímenes, perpetrados en el contexto de las protestas públicas, represión política y operaciones de seguridad, “lejos de ser aislados”, “se coordinaron y cometieron de conformidad con las políticas del Estado, con el conocimiento o el apoyo directo de los comandantes y los altos funcionarios del gobierno”, señala el informe.
“Tenemos motivos razonables para creer que altos funcionarios de estas entidades, al igual que las autoridades políticas que ejercían el poder y la supervisión sobre ellos, incluyendo al presidente y los ministros de Interior y Defensa tenían conocimiento de los crímenes y o bien los ordenaron o contribuyeron a ellos”, dijo Marta Valiñas, la presidenta de la Comisión.
“Las violaciones deben cesar. Y la impunidad debe terminar”, dice el informe, que también pide que “los autores rindan cuentas” y se imparta justicia para las víctimas. La Misión considera que “otras jurisdicciones, de conformidad con sus leyes nacionales, así como la Corte Penal Internacional, deberían considerar la posibilidad de emprender acciones legales contra los individuos responsables de violaciones y crímenes que la Misión identificó”.
A continuación extractos del Informe de la misión internacional independiente de determinación de los hechos sobre la República Bolivariana de Venezuela
A/HRC/45/33. 15 de septiembre de 2020
Lo más evidente en Venezuela sobre los Derechos Humanos, –esos que aparecen en la Declaración Universal de los Derechos Humanos– es que no existen, no se respetan, se violan, como “política” de estado, con órdenes directas de Nicolás Maduro Moros, públicas y en cadena nacional por medios de comunicación masiva. El primer derecho violado a los venezolanos, es el derecho a la vida, violado de todas las maneras posibles por el "gobierno". El régimen de Nicolás Maduro tiene cuerpos policiales dedicados a perseguir y reprimir la oposición política a su gobierno, como política pública de “seguridad”. La protesta ciudadana por los insoportables problemas como la falta de alimentos, medicinas, energía eléctrica, agua, gas doméstico, gasolina, empleo, bajos salarios, es fuertemente reprimida y castigada. En Venezuela no se persigue y encarcela a los delincuentes que roban, asesinan y secuestran a ciudadanos indefensos, por lo contrario, se libera a peligrosos hampones para que “defiendan la revolución”, como hizo la exministra Iris Varela en el mes de abril 2020, que liberó a 504 peligrosos delincuentes, o como viene haciendo hace años, con la patraña “plan cayapa”, inventado por ella, que ha puesto en la calle a cientos de criminales con delitos como secuestro y narcotráfico, y también hay “fugados” peligrosos elementos, en esa cuenta. En Venezuela, los únicos “delitos” que persigue y castiga el gobierno de Nicolás Maduro, es la oposición y disidencia política, y la protesta ciudadana. Hay cientos de presos políticos en cárceles, en las peores condiciones de reclusión, a los que se les niega la comida, el agua, la higiene, la salud, los medicamentos, el sol y el contacto con sus familiares, quienes pasan meses sin poder visitarlos, de esto comentaremos con más detalles, en el próximo tema…
Esto reporta la página web news.un.org, órgano informativo de la Organización de Naciones Unidas ONU, sobre el reciente informe presentado por la misión especial para investigar las violaciones a los Derechos Humanos en Venezuela:
El Gobierno de Venezuela y las fuerzas de seguridad cometieron “crímenes de lesa humanidad”
La Misión Internacional Independiente sobre Venezuela reportó que el Gobierno y las fuerzas de seguridad del país han cometido crímenes de lesa humanidad.
La investigación encontró motivos razonables para creer que desde 2014 las autoridades y las fuerzas de seguridad venezolanas han planificado y ejecutado graves violaciones a los derechos humanos, algunas de las cuales – incluidas las ejecuciones arbitrarias y el uso sistemático de la tortura – constituirían crímenes de lesa humanidad.
La Misión Internacional, establecida por el Consejo de Derechos Humanos, investigó 223 casos, 48 de los cuales se examinaron en profundidad en un informe de 443 páginas. Los investigadores no pudieron visitar Venezuela debido a que el Gobierno no respondió a las reiteradas solicitudes, pero hicieron 274 entrevistas a distancia.
Estos crímenes, perpetrados en el contexto de las protestas públicas, represión política y operaciones de seguridad, “lejos de ser aislados”, “se coordinaron y cometieron de conformidad con las políticas del Estado, con el conocimiento o el apoyo directo de los comandantes y los altos funcionarios del gobierno”, señala el informe.
“Tenemos motivos razonables para creer que altos funcionarios de estas entidades, al igual que las autoridades políticas que ejercían el poder y la supervisión sobre ellos, incluyendo al presidente y los ministros de Interior y Defensa tenían conocimiento de los crímenes y o bien los ordenaron o contribuyeron a ellos”, dijo Marta Valiñas, la presidenta de la Comisión.
“Las violaciones deben cesar. Y la impunidad debe terminar”, dice el informe, que también pide que “los autores rindan cuentas” y se imparta justicia para las víctimas. La Misión considera que “otras jurisdicciones, de conformidad con sus leyes nacionales, así como la Corte Penal Internacional, deberían considerar la posibilidad de emprender acciones legales contra los individuos responsables de violaciones y crímenes que la Misión identificó”.
A continuación extractos del Informe de la misión internacional independiente de determinación de los hechos sobre la República Bolivariana de Venezuela
A/HRC/45/33. 15 de septiembre de 2020
49. Los casos examinados por la Misión ocurrieron principalmente entre 2014 y 2018. Entre las técnicas de tortura que la Misión documentó se encontraban las posiciones de estrés; la asfixia con bolsas de plástico, sustancias químicas o agua; las palizas; las descargas eléctricas; las amenazas de muerte; las amenazas de violación contra la víctima y/o sus familiares; la tortura psicológica, incluida la privación sensorial, la iluminación constante y el frío extremo; y la desnudez forzada
54. Los detenidos políticos fueron recluidos en uno de los dos edificios del SEBIN, la sede del SEBIN en la Plaza Venezuela o El Helicoide, a menudo con largos períodos de aislamiento. Las condiciones de detención en estos edificios eran inadecuadas, llegando en algunos casos al nivel de tortura o tratos crueles, inhumanos o degradantes. La Misión describe esto en detalle en el informe de sesión.
66. Algunos de estos actos provocaron lesiones físicas graves y/o permanentes. Esto incluyó la pérdida de funciones sensoriales o motoras, lesiones reproductivas, abortos, sangre en la orina y costillas rotas. Estos actos también provocaron traumas psicológicos graves y depresión. El ex-capitán Rafael Acosta Arévalo murió bajo la custodia de la DGCIM. La Misión tiene motivos razonables para para creer que su muerte fue resultado de tortura.
92. En sus investigaciones, el Ministerio Público identificó a 505 personas muertas durante las OLPs (502 hombres y 3 mujeres, incluidos 27 adolescentes). En los 140 casos examinados por la Misión, 413 personas fueron asesinadas (306 hombres, entre ellos 16 menores, y 3 mujeres. No se disponía de información sobre el sexo de 104 víctimas). En 52 casos se registraron entre una y tres muertes y en 36 casos se registraron entre cuatro y nueve muertes en una sola operación. En ocho casos se registraron diez o más muertes en una sola operación.
96. Si bien las cifras oficiales varían, el Ministerio Público dijo que, entre julio de 2015 y marzo de 2017, las fuerzas de seguridad detuvieron a 1050 personas25. Un año después del lanzamiento oficial de las OLPs, el Ministro del Interior se refirió a 2.399 personas detenidas por diferentes delitos. La ONG PROVEA ha documentado aún más, informando de un estimado de 15.946 detenciones en el contexto de las OLPs sólo en 2015.
104. La Misión investigó 11 casos relacionados con 18 ejecuciones extrajudiciales por las fuerzas de seguridad del Estado, que se incluyen en los estudios de casos del informe de sesión. La Misión también realizó un amplio examen de los casos denunciados por la prensa local entre enero de 2014 y diciembre de 2019 a fin de corroborar los patrones y los cambios a lo largo del tiempo. En total, la Misión examinó 2.417 incidentes en los que se produjeron 4.681 muertes por parte delas fuerzas de seguridad fuera del contexto de las OLPs/OLHPs.
|
50. En siete casos investigados, agentes del SEBIN perpetraron actos de violencia sexual o de género contra las personas detenidas en un intento de obtener confesiones o información que implicara a otros, o de degradarlos, humillarlos o castigarlos.
61. En cada uno de los casos investigados, en las horas o días siguientes a las detenciones, las autoridades gubernamentales de alto nivel hicieron declaraciones públicas relacionadas con la detención, afectando el derecho de las personas detenidas a la presunción de inocencia.
62. Una vez detenidos, se desconocía el paradero de las personas durante períodos que iban de unos pocos días a más de una semana. No se les permitía llamar a sus familiares o abogados/as para informarles de su detención o paradero. Cuando los familiares se dirigían a las autoridades de las oficinas de la DGCIM para preguntar por su paradero, en algunos casos no se les proporcionaba información y en otros se negaba el paradero de la víctima. La Misión tiene motivos razonables para creer que se trata de desapariciones forzadas de corta duración.
67. En tres casos investigados por la Misión, la DGCIM perpetró actos de violencia sexual o de género contra los militares detenidos durante los interrogatorios para degradarlos, humillarlos o castigarlos. Los funcionarios/as de ambos sexos de la DGCIM sometieron a las personas a desnudez forzada, a veces durante días. Los custodios masculinos amenazaron con violar a los detenidos con objetos punzantes, principalmente palos y bates, y en un caso violaron a un detenido. Se administraban descargas eléctricas y golpes, incluso en los testículos.
93. Existe un patrón claro de que el Gobierno afirme que las muertes ocurrieron como resultado de enfrentamientos o que las víctimas se resistían a la autoridad en el momento de su muerte. En la mayoría de los casos, los familiares de las víctimas, por lo general mujeres, ancianos y niños, fueron sacados de las casas por las fuerzas de seguridad, limitando los testigos en el lugar de los hechos a las fuerzas de seguridad únicamente.
100. Las víctimas de las ejecuciones y detenciones llevadas a cabo por las fuerzas de seguridad fueron en su mayoría hombres jóvenes. Los agentes que participaron en las operaciones también perpetraron actos de violencia contra las mujeres, la mayoría de las veces durante el proceso de sacar a los familiares de sus hogares.
105. Las investigaciones revelaron que dos fuerzas de seguridad, el CICPC y la PNB/FAES, fueron responsables del 59% de los asesinatos en los años examinados. Ambas instituciones dependen administrativa y funcionalmente del Ministerio del Interior. Entre 2014 y 2018, el CICPC fue la fuerza de seguridad más implicada en los casos (45,4%). Posteriormente, en 2019, el PNB/FAES fue identificado como responsable en la mayoría de los casos (64,5% de los casos).
|
51. La Misión investigó el caso de Fernando Albán, quien falleció mientras estaba bajo custodia del SEBIN. Funcionarios/as de alto nivel consideraron públicamente que la muerte de Fernando Albán fue un suicidio, aunque la evidencia forense plantea dudas sobre esta conclusión. En este examen no se aplicaron las normas exigidas por los Protocolos de Minnesota o Estambul. Su familia no pudo realizar una autopsia independiente ni enterrar su cadáver, a pesar de las numerosas solicitudes.
65. La Misión constató numerosos actos de tortura y otros malos tratos, como fuertes golpizas; asfixia con sustancias tóxicas y agua; posiciones de estrés; reclusión prolongada en régimen de aislamiento en condiciones duras; violencia sexual y de género, incluida la desnudez forzada y violación; cortes y mutilaciones; descargas eléctricas; uso de drogas para inducir a la confesión; y tortura psicológica.
75. Cuando los acusados pudieron designar sus abogados/as, la capacidad del abogado/a para preparar una defensa adecuada se vio obstaculizada. A veces no se proporcionaba a los abogados/as los documentos esenciales. En otras ocasiones, no se les informaban las fechas de las audiencias. Los abogados/as también se quejaron de que enfrentaban limitaciones en las visitas a sus clientes y/o sufrían diversas formas de acoso e intimidación contra ellos o sus familias.
94. Estas afirmaciones contrastan con los relatos de familiares y otros testigos que vieron por última vez a la víctima con vida bajo el control de agentes de seguridad armados. Además, las víctimas recibieron disparos mortales en áreas vitales, a veces a quemarropa. Los disparos mortales sugieren que las fuerzas de seguridad no intentaron emplear métodos no letales de control, disuasión o contención antes del uso de la fuerza letal. En los casos investigados, no se reportaron muertos por parte de las fuerzas de seguridad, por lo que parece improbable que hubiera un enfrentamiento armado
98. Surgieron algunos patrones comunes en el modus operandi de las detenciones. Las fuerzas de seguridad no presentaron órdenes de aprehensión ni informaron a las personas detenidas de las razones de su detención. Las fuerzas de seguridad utilizaron la violencia durante las detenciones. La Misión también documentó detenciones temporales de familiares de las víctimas asesinadas, en particular mujeres, niños y mayores de edad, que fueron retirados por la fuerza de las casas o detenidos por breves períodos.
106. En los casos examinados, las víctimas eran en su mayoría varones jóvenes. Las víctimas masculinas se encuentran entre los siguientes rangos de edad: menores de 18 años (6%), entre 18 y 25 años (51%), entre 26 y 35 años (31%) y mayores de 35 años (11%). Sólo 27 de los casos examinados se referían a mujeres como víctimas de asesinatos.
|
110. Los asesinatos se produjeron con mayor frecuencia en la casa de las víctimas o en el vecindario. En varios casos, la policía llevó a cabo las operaciones a primera hora de la mañana o a última hora de la noche, en momentos en que las victimas probablemente se encontraban en su casa. La policía ingresó a las casas sin presentar una orden judicial. Para asegurarse de que no hubiera testigos, la policía sacaba de sus casas a los familiares de la víctima, principalmente mujeres, personas mayores y niños y niñas, o los aislaba de la víctima en lugares separados de la casa. |
112. Una fuente con conocimiento interno de las operaciones de la PNB/FAES dijo a la Misión que, después de la verificación de antecedentes, el jefe de la operación en comunicación directa con los superiores podría solicitar y recibir “luz verde para matar”. Matar correspondía al código “Ochentear (80)”.
113. La Misión documentó un patrón de disparos a quemarropa en áreas vitales, incluyendo la cabeza y el tórax, con uno o dos disparos. Un ex oficial de la PNB/FAES entrevistado dijo que él y sus colegas se refieren a los asesinatos como “cuadrar a las personas”. Este entrevistado dijo que hay un “triángulo” desde el pecho de la víctima hacia arriba “donde se permite disparar a la gente”. |
114. La versión oficial de los hechos en muchos casos fue que las víctimas fueron asesinadas en resistencia a la detención, en un enfrentamiento y/o durante un intercambio de disparos. Sin embargo, la Misión recibió pruebas directas que contradicen la versión oficial. Los testigos entrevistados declararon que las víctimas fueron vistas u oídas por última vez bajo el control de los agentes de policía, incluso en una cama, en el suelo, con una capucha sobre la cabeza de la víctima o con las manos levantadas. A pesar de los esfuerzos por retirarlas del lugar de los hechos, en algunos casos los testigos vieron a los agentes hacer el disparo fatal.
118. En 723 de los casos examinados por la Misión, los familiares de las víctimas dijeron que la víctima no tenía antecedentes penales. En 67 casos revisados por la Misión, los medios de comunicación reportaron que la policía había ido a un vecindario a buscar a cierta persona o delincuente, pero había matado a otra persona por error.
|
115. La Misión identificó un patrón de denuncias de que la policía intentaba encubrir los asesinatos simulando enfrentamientos. Ello incluye alterar la escena del crimen y/o destruir pruebas forenses; simular un tiroteo o una fuga de la víctima; disparar un tiro de la mano de la víctima para dejar rastros de pólvora; colocar armas o contrabando y trasladar a las víctimas a los hospitales incluso si la persona estaba muerta.
117. Las propias fuerzas policiales han publicado o confirmado información en prensa sobre los asesinatos, en algunos casos acompañada de mensajes en las redes sociales que contenía información sobre los antecedentes penales de las víctimas, sus apodos de pandillas o fotos de ellas empuñando armas.
Pro Libertad de Venezuela PROLIVEN
Soy Ciudadana, mi partido: Venezuela Mi causa, su Libertad Al lado de quien lo haga bien, en contra de quien lo haga mal |
116. Funcionarios/as de la PNB/FAES corroboraron estas denuncias, confirmando prácticas de simulación de un aparente enfrentamiento. Un ex oficial de la FAES dijo que los funcionarios/as suelen hacer disparos para imitar un tiroteo “o toman un arma ilegal que tienen [...] y la dejan allí”. Otra fuente dijo a la Misión que la policía solía colocar un arma o una granada (llamada en la jerga “misiones agrícolas” para plantar “semillas”) y luego alegaba que hubo un enfrentamiento armado.
119. Una denuncia que apreció en casi todos los casos investigados fue que los agentes de policía se llevaron bienes básicos (alimentos, ropa) y objetos de valor (dinero en efectivo, joyas, electrónica) de las casas de las víctimas mortales. Varias fuentes dijeron que los beneficios financieros y/o el control de los mercados delictivos constituían un incentivo para los asesinatos, especialmente a la luz de los bajos salarios de los policías, o que los asesinatos eran relacionados con la retribución o las dinámicas de poder dentro de las relaciones delictivas.
|
Ver y descargar informe de ONU:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
A continuación voy a colocar un vídeo de los asesinatos de Óscar Alberto Pérez, Daniel Enrique Soto Torres, Abraham Israel Agostini Agostini, José Alejandro Díaz Pimentel, Abraham Lugo Ramos, Jairo Lugo Ramos y Lisbeth Andreina Ramírez, pareja de Jairo y probablemente embarazada. Lo coloco de forma destacada para evidenciar toda la brutalidad del terrorismo de estado, que el régimen de Nicolás Maduro desata en contra de los opositores políticos. Óscar Pérez y su grupo ejecutaron algunas acciones importantes, como el secuestro de un helicóptero del CICPC, -cuerpo policial en el que trabajó varios años- sobrevolando el Tribunal Supremo de Justicia, en el año 2017, acción muy espectacular y mediática. Así como otras, sin embargo, en ninguno de sus operaciones, asesinó, torturó o secuestró a ninguna persona. El 15 de enero de 2018, fue ubicado y acorralado por el régimen, en el lugar, en el que se ocultaba, la localidad de El Junquito, cercana a Caracas. Sin ninguna posibilidad de escape, RENDIDOS, implorando por sus vidas, fueron masacrados en vivo y directo frente a toda Venezuela, ya que él mantuvo comunicación a través de las redes sociales con su teléfono móvil. Un gran operativo policial-militar, fue desplegado para lo que se creyó, sería su captura, pero no era eso, fue la ejecución de todo el grupo, orden dada por Nicolás Maduro Moros, también felicitó públicamente a los efectivos policiales que ejecutaron la criminal acción. Pero el terrorismo de estado no se quedó ahí. Los cadáveres, le fueron negados a sus familiares por días y sepultados sin su presencia. Todos los cuerpos tenían un "tiro de gracia". Fueron ejecutados sin piedad, es el precio que se paga por oponerse al régimen de Maduro. El cuerpo de Óscar Pérez tenía más de 40 impactos de bala, incluyendo el tiro en la nuca...
Presos políticos
En Venezuela, escuchar: “presos políticos”, no era frecuente y hasta escandaloso, antes de llegar al poder Hugo Chávez Frías. Los partidos políticos, medios de comunicación y la sociedad en general, rechazaban y condenaban cualquier hecho de abuso, arbitrariedad, cometidos durante los gobiernos anteriores al año 1999, contra opositores políticos. No quiero decir que no existían, “presos políticos”, ni abusos en su contra, solo afirmo que era excepcional. Además, los presos políticos en Venezuela, tenían cobertura mediática, asistencia médica y humanitaria, participaban en elecciones y eran electos. Recibían todas las vistas que deseaban, familiares o no, de nacionales y extranjeros. Este fue el caso de Hugo Chávez Frías y el grupo de militares, que intentaron un golpe de estado, con 300 muertos y 95 heridos, –delito político– contra el gobierno del ex presidente Carlos Andrés Pérez, el 4 de febrero de 1992 y que volvieron a intentarlo el 27 de abril del mismo año, aun estando detenidos. Todos los derechos le fueron respetados a los golpistas del 4 de febrero, incluso fueron sobreseídos, lo que le permitió a Chávez postularse como candidato a la presidencia de Venezuela. Eso no es lo que ocurre con los presos políticos del gobierno de esos golpistas, en la actualidad. Hoy en las cárceles venezolanas, la peor condición es la de los preso político…
En Venezuela, escuchar: “presos políticos”, no era frecuente y hasta escandaloso, antes de llegar al poder Hugo Chávez Frías. Los partidos políticos, medios de comunicación y la sociedad en general, rechazaban y condenaban cualquier hecho de abuso, arbitrariedad, cometidos durante los gobiernos anteriores al año 1999, contra opositores políticos. No quiero decir que no existían, “presos políticos”, ni abusos en su contra, solo afirmo que era excepcional. Además, los presos políticos en Venezuela, tenían cobertura mediática, asistencia médica y humanitaria, participaban en elecciones y eran electos. Recibían todas las vistas que deseaban, familiares o no, de nacionales y extranjeros. Este fue el caso de Hugo Chávez Frías y el grupo de militares, que intentaron un golpe de estado, con 300 muertos y 95 heridos, –delito político– contra el gobierno del ex presidente Carlos Andrés Pérez, el 4 de febrero de 1992 y que volvieron a intentarlo el 27 de abril del mismo año, aun estando detenidos. Todos los derechos le fueron respetados a los golpistas del 4 de febrero, incluso fueron sobreseídos, lo que le permitió a Chávez postularse como candidato a la presidencia de Venezuela. Eso no es lo que ocurre con los presos políticos del gobierno de esos golpistas, en la actualidad. Hoy en las cárceles venezolanas, la peor condición es la de los preso político…
- Detenciones arbitrarias y violentas en protestas y manifestaciones de ciudadanos
- Persecuciones, detenciones y allanamientos ilegales, sin orden judicial
- Violación al debido proceso con audiencias postergadas por años
- Órdenes de excarcelación emitidas por tribunales, no obedecidas por los cuerpos policiales, por años
- Torturas que han llevado a la muerte a detenidos
- Reclusión inhumana, con hacinamiento, -duermen de pie- sin instalaciones sanitarias, sin ver la luz del sol por meses y años, temperaturas extremas de calor y frío, malos tratos permanentes, roedores e insectos
- Prohibición de visitas de familiares por meses, con el agravante de no suministrar información de los detenidos, lo que somete a tortura psicológica a sus familiares
- Sin alimentos. Sin atención médica oportuna. Sin agua. Sin electricidad o con 24 horas de luz artificial.
El régimen de Maduro
Venezuela: denuncian la detención de un dirigente opositor de 84 años |
|
|
|
|
|
|
Imágenes de: Foro Penal @ForoPenal en Twitter
Pro Libertad de Venezuela PROLIVEN
Soy Ciudadana, mi partido: Venezuela
Mi causa, su Libertad
Al lado de quien lo haga bien, en contra de quien lo haga mal
Soy Ciudadana, mi partido: Venezuela
Mi causa, su Libertad
Al lado de quien lo haga bien, en contra de quien lo haga mal
Pro Libertad de Venezuela PROLIVEN - ©Copyright 2020
Creado por: Eruby Villamarín Páez
Creado por: Eruby Villamarín Páez